La mutilación genital femenina (MGF) comprende todos los procedimientos consistentes en alterar o dañar los órganos genitales femeninos por razones que nada tienen que ver con decisiones médicas, y es reconocida internacionalmente como una violación de los derechos humanos de las mujeres y niñas.
Refleja una desigualdad entre los sexos muy arraigada, y constituye una forma extrema de discriminación contra mujeres y niñas. La práctica viola sus derechos a la salud, la seguridad y la integridad física, el derecho a no ser sometidas a torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, y el derecho a la vida en los casos en que el procedimiento acaba produciendo la muerte.
Para abandonar la práctica de la mutilación genital femenina, es necesario realizar esfuerzos sistemáticos y coordinados que involucren a las comunidades enteras, que se enfoquen en los derechos humanos y en la igualdad de género. Estos esfuerzos deben hacer hincapié en el diálogo social y en el empoderamiento de las comunidades para actuar colectivamente y poner fin a la práctica. También deben atenderse las necesidades de salud sexual y reproductiva de las mujeres y niñas que sufren sus consecuencias.
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