25A – Contra las fronteras: “Respuesta feminista internacionalista”

Cada día miles de personas abandonan sus lugares de origen, huyendo de situaciones de precariedad, de conflictos armados, persecuciones debidas a ideas políticas o religiosas, por pertenecer a una determinada etnia o raza, o por manifestar la propia identidad sexual, y en esa huida hacia una alternativa, se encuentran con situaciones mucho más vejatorias, inclusive; venidas de la mano de mafias y de una UE cómplice que mira hacia otro lado.

Las mujeres representan la mitad de esta población, y sufren doblemente las consecuencias de políticas migratorias. Se exponen frecuentemente a situaciones de violencia de género como la explotación sexual, el tráfico de personas, la prostitución forzada, los matrimonios infantiles, la ablación genital, son sufridas en sus lugares de orígenes, en países de tránsito y en los de destino.

En todos los países y contextos, mujeres y niñas sufren discriminación en el acceso a recursos económicos y sociales que acarrea para ellas situaciones socio-económicas de pobreza. El rol de sostenedoras de la vida, consecuencia de la división sexual del trabajo, las conduce a soportar situaciones que se vuelven -gracias a un neocolonialismo liberal- cada vez más precarias.

Las mujeres y niñas se ven expuestas a las relaciones de poder, dominación y abuso sexual por parte de otras personas en tránsito, por las fuerzas de seguridad y control fronterizo, y por las redes de trata de personas.

Los traficantes de personas eligen a las mujeres que viajan solas sabiendo que son más vulnerables. Cuando no tienen recursos económicos para pagar su viaje, a menudo las coaccionan para que tengan relaciones sexuales con ellos y las violan.

Siempre decimos que la mujer migrante es sufridora por partida doble de todos los trastornos asociados al proyecto migratorio, pero la verdad es que si los varones migran porque así lo han decidido y están sometidos a todas las penalidades que supone (y que no tendría que suponer) el proceso migratorio, en muchas ocasiones, la mujer ni siquiera ha podido tomar esta decisión ya que OTROS la han tomado por ella.

Los análisis sobre el ejercicio de la prostitución en el Estado español señalan que entre el 80 y el 90 % de las mujeres que la ejercen son extranjeras. Organizaciones y académicas también coinciden en que muchas de ellas son, en realidad, víctimas de trata con fines de explotación sexual. Nos encontramos así ante una realidad extraordinariamente alarmante que afecta mayoritariamente a las mujeres extranjeras. Sin embargo, hasta 2016, sólo 6 personas (4 mujeres y 2 menores) habían recibido protección internacional por esta violencia en el Estado.

Hay un componente importante de violencia civil por parte de población local y de otros refugiados e inmigrantes varones.

Ante esto las mujeres denuncian una gran violencia institucional, reflejada sobre todo en las violaciones sexuales y las vejaciones a las que han sido sometidas por representantes de las fuerzas de seguridad y del estado. El riesgo de sufrir enfermedades de transmisión sexual es muy alto, debido a las violaciones y a la falta de acceso a medios anticonceptivos y de protección, como el uso de preservativos.

En este contexto de violencia las mujeres no tienen acceso normalizado a la sanidad en caso de agresiones sexuales y son obligadas a abortar o abandonar a sus hijos e hijas. Tampoco tienen acceso les menores a una educación ni a una atención sanitaria. Se encuentran fuera de los sistemas de protección, incluso de los sistemas de denuncia de las organizaciones.

En este panorama desolador, los intentos de las mujeres y niñas por sobrevivir las abocan a tres caminos: Mendicidad, prostitución o venderse a ellas mismas o a sus hijas e hijos a una red de tráfico de personas.

Se vulneran leyes internacionales aprobadas y ratificadas por estos países, entre ellas: Convención de Ginebra, Protocolo de Nueva York relativo al Estatuto de los Refugiados, Convenio Internacional contra la Tortura y otras Penas o Tratos Crueles, Convenio relativo al Estatuto de los Apátridas…

Las menores nacidas en el tránsito no tienen una inscripción legal en ningún país con lo cual son niños y niñas que no existen y cuyos derechos son vulnerados sin tener acceso a ninguna protección. Las menores en edad escolar no pueden acudir a las escuelas públicas al no estar en disposición de los papeles requeridos por la administración, además de enfrentarse a una educación con un nivel de racismo muy alto que impide la inserción de las niñas y niños en buenas condiciones.

El 25A es un día de lucha, organización y movilización, un día para denunciar nuestra situación actual, para luchar por nuestras ya históricas reivindicaciones y para exigir a los responsables que rindan cuentas.

En el futuro seguiremos en las calles porque no queremos ser cómplices de esas políticas asesinas, ni inmunizarnos ante el dolor ajeno. Por eso, es necesario romper la frontera de la indiferencia, señalar a los culpables y mostrar nuestro apoyo y nuestra solidaridad a las personas cuyos derechos están siendo vulnerados.

Por todo ello exigimos:

Derecho a la dignidad, derecho a la vida, derecho a la seguridad, derecho a la integridad física, derecho a la salud reproductiva, derecho a la educación, derecho a la no discriminación, derecho a la libertad de movimiento, derecho a la libre circulación, derecho asilo, derecho a no sufrir tortura o tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Derecho a que niños y niñas sean felices, derecho a SER PERSONA.

¡ABRAN LAS FRONTERAS!

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