5 de abril: otra prueba de cómo gobiernan los poderes fácticos

La Marea Violeta, que llegó a estar formada por organizaciones de todo el país, surgió en Málaga promovida por grupos feministas locales que, a principios del año 2012, reaccionaron ante los ataques del gobierno popular y su ministro Gallardón. Ataques que supusieron graves retrocesos en materia de igualdad y derechos de las mujeres.
Su ocupación de las calles, sus telas moradas, sus actos de protesta pudieron verse y sentirse en todo el país. Promovió manifestaciones, participó en la marcha del tren de la Libertad y fue decisiva en la consecución del archivo del anteproyecto de ley del aborto con su consecuente dimisión del ministro reaccionario.

Durante unos años este movimiento no ha convocado directamente ningún acto, trasladando la acción a cada grupo integrante de la Marea.

La actual situación de recrudecimiento del acoso tanto de ultras religiosos como de fascistas ha motivado su pase de nuevo a la primera fila en defensa de los derechos de las mujeres y contra aquellos que pretenden impedir su desarrollo.

Desde FELMA participamos en esta nueva acción convocada por la Marea Violeta con la ilusión y las ganas que nos mueven a luchar por nuestros derechos, máxime cuando concurren circunstancias que agravan la situación de las mujeres más desprotegidas: las que carecen de medios para pagar clínicas privadas, abogadxs y demás recursos que deberían estar garantizados por los gobiernos.

El pasado 5 de abril un grupo de mujeres convocadas por la Marea Violeta y apoyadas también por algunos hombres, nos concentramos en la explanada del CAC, en Málaga, en defensa de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Llevábamos varias semanas soportando el acoso constante de un grupo antiabortista que se apostó cerca de allí, a las puertas de la clínica Ginecenter y que, contra toda lógica, disponía de permiso de la Subdelegación del gobierno para ocupar en exclusiva la calle durante 40 días desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Pudimos comprobar este extremo cuando se nos prohibió una concentración comunicada para el día 5 de abril a las 7 de la tarde.
Estas son las palabras del escrito de prohibición:

«en los archivos de esta Subdelegación del Gobierno, se ha podido comprobar, como el colectivo denominado “40 Días por la Vida” tiene convocadas concentraciones todos los días entre el 01/03/2017 y el 09/04/2017 en el mismo lugar y en horario de 09:00 a 21:00 horas, dentro de una campaña mundial en favor de la vida, siendo por tanto, un colectivo distinto y con reivindicaciones diferentes de la ahora convocada»
«Por todo lo anteriormente expuesto, tras la ponderación de las circunstancias concurrentes y de la información existente en esta misma Subdelegación del Gobierno, existiendo coincidencia en tiempo y lugar con otros actos previstos con anterioridad, con motivación e intereses no coincidentes, lo que pudiera llegar a producir molestias e incluso alteraciones del orden público con peligro para personas y bienes…
HE RESUELTO PROHIBIR la concentración…»

Comunicamos un lugar diferente, distanciado un tanto de la clínica y solicitamos información sobre el colectivo por el cual en ese acto nos prohibían un derecho fundamental (su nombre, NIF y número de inscripción en el registro de asociaciones, todos ellos datos de carácter público, por otra parte, que no hemos podido localizar a través de los puntos de búsqueda de acceso público de que disponen tanto la Junta de Andalucía como el ministerio del Interior). Sabemos que la Administración tiene el deber de facilitar toda la información sobre los datos que concurren en un procedimiento administrativo en el somos interesadas. Sin embargo y para nuestra sorpresa, desde Subdelegación nos respondieron que no eran competentes para facilitar esa información. Como si en lugar de ejercer un derecho reconocido en la Constitución (artículo 105.b), la Ley 19/2013 de transparencia  y en el art 53 de la Ley 39/2015, estuviésemos presentando un recurso contencioso-administrativo.

Tuvimos nuestra concentración alejada de la clínica, pero fuimos intimidadas también por tres parejas de agentes del cuerpo nacional de policía que identificaron, presionaron y disuadieron a mujeres que, en número muy reducido y tras el acto, se quedaron a las puertas de la clínica. No alteraron el orden, no se comportaron violentamente, pero estas «fuerzas de seguridad» actuaron como defensa de los que acosan a mujeres que acuden libremente a un centro legal, centro que debiera ser protegido por los gobiernos central, autonómico y local en el ejercicio de su actividad sanitaria y pública, concertada con una Administración que tiene el ineludible deber de garantizar los derechos de las pacientes que acuden allí.

La interrupción voluntaria del embarazo es un proceso médico legal en este país. Colocar imágenes manipuladas, citas falsas, repartos de folletos y rezos justo a las puertas de una clínica abortista sí es un acto violento que produce molestias e incluso alteraciones del orden público con peligro para personas. Sin embargo este gobierno les concede a sus promotores 40 días ininterrumpidos de acoso y manipulación.

¿Concedería esta Subdelegación a un colectivo antirreligioso concentrarse a las puertas de las iglesias, con parafernalia atea y repartir folletos contra curas pedófilos (el abuso a menores sí es delito) con imágenes manipuladas o no de estos individuos y sus víctimas de verdad a la entrada o salida de sus misas?

La doble vara de medir, la parcialidad y evidente muestra de confabulación con los poderes fácticos de las instituciones que deberían velar por los derechos fundamentales de las personas, ponen de manifiesto la deriva antidemocrática y falta de valores que está implantándose con toda impunidad y todo descaro entre los que nos gobiernan.

Desde FELMA no vamos a permitir que sigan abusando de su poder y sus privilegios. Nos tendrán enfrente, nos tendrán armadas con la razón, con la palabra, con todo aquello que legítimamente podamos usar en nuestra defensa.

 


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