28S Aborto libre, en la Sanidad Pública y garantizado

ABORTO LIBRE, EN LA SANIDAD PÚBLICA Y GARANTIZADO

Este 28 de septiembre, salimos a la calle para reivindicar una vez más un derecho básico: el aborto libre, en la seguridad social y garantizado para todas las mujeres. Se trata simplemente de poder decidir si queremos ser madres y, en definitiva, que podamos decidir sobre nuestros propios cuerpos.

Este derecho a día de hoy se niega en la mayor parte del mundo.

En la Unión Europea, el único país que mantiene la prohibición total del aborto es Malta. En el resto de países existen leyes con diferentes plazos y supuestos. Mientras, América Latina es una de las regiones donde más se sufre la penalización del aborto, la unión Estado-Iglesia perpetúan este calvario de la clandestinidad para cientos y cientos de miles de mujeres cada año. Uno de los países con leyes más duras es El Salvador, donde es ilegal abortar incluso si la vida de gestante corre peligro; quienes realicen un aborto pueden enfrentar condenas de hasta 30 años de prisión. Un caso similar es el de Nicaragua.

En el resto del continente, con excepción de Cuba, Puerto Rico, Guyana y Uruguay, se condiciona a que solo se pueda realizar cuando la salud física y mental de la gestante esté en peligro. En el continente africano, cuatro países permiten el aborto y en once países está totalmente prohibido interrumpir un embarazo.

Más de seis millones de abortos se producen en África cada año y sólo el 3% se lleva a cabo en condiciones seguras. En la India cerca del 78% de los abortos ocurren fuera de un establecimiento de salud y la gran mayoría no cumple con los criterios de legalidad. En China, el aborto, lejos de ser un derecho, ha sido una imposición. La política del hijo único o su flexibilización en 2015, ha impedido que las mujeres decidan libremente en materia de natalidad.

Es obvio que “hay un vínculo directo entre los abortos inseguros y la mortalidad materna” y que “en los países donde el aborto se permite solo para salvar la vida de la mujer o preservar su salud física, solo uno de cada cuatro abortos fue seguro”, como afirma el Centro de Derechos Reproductivos.
En el Estado español, el aborto actualmente es legal hasta la semana 14. Sin embargo, la ley actual y su aplicación siguen dejando mucho que desear. Tanto el PP como el PSOE (con la diferencia importante de la despenalización parcial del aborto), hacen que tengamos que seguir reivindicando:

Aborto 100% en la seguridad social…

Según datos del Ministerio de Sanidad, en el Estado español solo 1 de cada 10 abortos se realiza en la sanidad pública, es decir que cerca del 90% se realizan en hospitales y clínicas privadas. Sin embargo, en más del 60% de los casos, las mujeres acudimos a los centros públicos para buscar información para la IVE.

Si además tenemos en cuenta que la población con sanidad privada no llega al 16%, ¿cómo es  posible que el aborto alcance un 90% en la privada? La respuesta es simple: por los conciertos con clínicas privadas. Cuando acudimos a abortar a la seguridad social, nos mandan a un centro privado. Esto tiene dos consecuencias: primera, la inyección de dinero a arcas privadas y la
consiguiente degradación de la sanidad pública; y segunda, el aumento del riesgo para la mujer, pues en muchos centros privados evitan hacer las revisiones necesarias, por supuesto para aumentar sus beneficios.

Aborto garantizado en todo el estado español para todas las mujeres…

La objeción de conciencia es la excusa perfecta que han buscado las administraciones autonómicas y el Estado para externalizar las intervenciones abortivas y negar el derecho al aborto en CCAA enteras. Actualmente, no existe ningún centro público que realice abortos en cuatro: Extremadura, Aragón, Murcia y Castilla La Mancha. La objeción de conciencia no puede impedir el derecho al aborto. Las administraciones deben contratar profesionales no objetores/as de conciencia suficientes para garantizarlo en todos los territorios del Estado.

Hay que sumar el camino que tenemos que recorrer para poder abortar, donde se nos impone un periodo de reflexión que nos infantiliza y que hace que muchas mujeres abandonen el proceso. Y más difícil lo tienen las jóvenes de 16-18 años, que deben tener el permiso paterno, lo que a veces conlleva impedir el aborto. No al permiso paterno/materno: si tienen derecho a trabajar, deben poder decidir si quieren ser madres. No al periodo de reflexión para abortar.

Aborto libre…

La ley del PSOE, aunque más progresista que la del PP, permite la IVE hasta las 14 semanas y excluye las situaciones que superen este límite, que en muchos casos se sobrepasa por las trabas en el acceso al aborto que existen en la sanidad pública. Según RTVE, el 70% de los abortos se produce durante las primeras 8 semanas y el 20% en el periodo 8-12 semanas. Las IVE entre las 12 y las 14 semanas son minoritarias, y las que superaran a éstas (de ser legal abortar por encima de la semana 14) lo serían aún más. Hablamos de excepciones a las que no se puede poner un límite de 14 semanas. El límite al aborto no debe ser otro que el peligro de la intervención en la salud de la
mujer. No al límite de 14 semanas.

Y para no abortar…

No defendemos el aborto como método anticonceptivo ni así lo demuestran los datos: alrededor del 60% de los abortos se practican en mujeres que nunca antes habían abortado. En este sentido son imprescindibles dos cuestiones: educación afectivo-sexual en los centros educativos para el conjunto del alumnado y el acceso a los anticonceptivos.

 

 

 

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